Operativo deja 5 funcionarios penitenciarios detenidos
Las autoridades judiciales realizaron un operativo conjunto el pasado 14 de noviembre para desmantelar una red de tráfico de drogas y teléfonos celulares dentro del Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, en Pococí de Limón. Durante las acciones policiales, fueron detenidos 5 funcionarios penitenciarios sospechosos de pertenecer a esta red.
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz, en el 2017, tras recibir algunos informes, presentaron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía contra la Delincuencia Especializada para que se investigaran los hechos, que culminó con el decomiso de drogas y la detención de estos funcionarios, además de otras personas externas para un total de 11 detenidos. También hay un privado de libertad ligado a la banda organizada.
En apariencia, los funcionarios cobraban hasta ¢900.000 por cada libra de marihuana introducida y hasta ¢80.000 por cada teléfono celular que ingresaran al centro penal. La Ministra de Justicia, Marcia Gónzalez Aguiluz fue clara en afirmar que este es apenas el primer operativo y que se estarán realizando en otros centros penitenciarios.
Corrupción policial, un mal que afecta a los Estados democráticos
Costa Rica, al igual que muchos otros Estados, no escapa de la corrupción policial, y se ha vuelto una preocupación constante para las autoridades, en promedio, el Ministerio de Seguridad Pública despide un funcionario a la semana por cometer actos corruptos. Este tipo de situaciones pueden darse en cualquier rango de jerarquía y tienen un impacto negativo ante la ciudadanía que juzga a los policías por los malos actos de algunos.
Un policía se vuelve corrupto, cuando acepta o pide dinero para facilitar a los delincuentes la comisión de delitos, ya sea aceptando o pidiendo dinero u omitiendo sus labores que le fueron asignadas, o bien, integrándose a sus bandas organizadas. Generalmente los actos de corrupción no son como tal hechos aislados, ni se trata de una persona que contamina a las demás, sino que son consecuencias de debilidades internas, que pueden facilitar que los funcionarios caigan en este tipo de actos, por lo que en conveniente revisar a lo interno de las instituciones para detectar estas fallas.
Ante esto, literatura sobre el tema señala que las estrategias para combatir la corrupción en las esferas policiales, deben ir enfocadas a un reclutamiento riguroso del recurso humano, refuerzos a la formación ética de los funcionarios, la responsabilización de los rangos medios y altos quienes usualmente pasan por alto las irregularidades o no cumplen su labor de supervisión, y establecer políticas de control interno tanto preventivas como represivas.
El Ministerio de Justicia, a raíz de este caso, ha indicado que los procesos con respecto al personal penitenciario se están reforzando, por ejemplo, aplicando pruebas de dopping para detectar funcionarios que consuman algún tipo de droga ilícita, no obstante, la reforma aprobada en abril del 2016 a la Ley de Registros y Archivos Judiciales, es considerada una traba para las autoridades, quienes deben obviar los antecedente penales de los aspirantes.