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La responsabilidad solidaria de empresas de seguridad y sus clientes

Saludos lectores

Trascendió recientemente que el Tribunal Penal de Sarapiquí, condenó solidariamente al Banco Nacional de Costa Rica y a la empresa de seguridad, Grupo Corporativo ALFA, al pago de 185 millones de colones por el homicidio del oficial Randall Rojas Soto.

Los hechos se remontan al 12 de octubre del 2020 cuando seis hombres ingresaron a dicha entidad bancaria con el objetivo de perpetuar un asalto. Producto de la acción, el oficial, quien se encontraba en ese momento en la puerta de acceso principal, habría recibido 21 disparos en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte horas después.

El Tribunal determinó la responsabilidad por parte de ambas empresas, al tener al oficial sin chaleco protector, sin arma de fuego y por el lado externo de la esclusa, colocándolo en una clara posición de riesgo que habría facilitado a los delincuentes dispararle en varias oportunidades.

Esta sentencia nos recuerda una vez más la preocupante situación que vive el gremio de seguridad privada en Costa Rica, ya que es muy común ver oficiales en puestos sin contar con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera óptima y la ausencia de estudios de seguridad en las diferentes operaciones que permitan identificar vulnerabilidades y riesgos.

En Costa Rica la figura del oficial de seguridad no es tomada con seriedad, pese a existir normativa que regula el servicio, la realidad es que muchas veces no se cumple, o se cumple a medias. Las empresas de seguridad, incluso las que se encuentran en norma y se suponen serias, buscan regularmente reducir costos para asegurarse un contrato, sin importar que esto pueda ir en detrimento del servicio brindado.

Por este motivo, hay puestos de seguridad con oficiales poco preparados, con bajos salarios, en puestos sin procedimientos establecidos, sin equipo de seguridad básico, en jornadas laborales extensas, lo que repercute directamente en el rendimiento del colaborador y lo coloca en un estado de vulnerabilidad ante cualquier riesgo.

Es importante que tanto las empresas de seguridad, como el cliente, sean conscientes de la responsabilidad que acarrea brindar o contratar un servicio de seguridad privada, pues no se trata únicamente de evitar pérdidas o daños, sino que está en juego la vida humana. En ocasiones hay clientes que consideran que por el hecho de contratar el servicio están exentos de responsabilidad y que la empresa de seguridad responde por todo, pero como podemos ver en este caso, eso no funciona así.

El cliente tiene quizás más responsabilidad, debido a que es la parte que contrata, por ende, debe asegurarse que el proveedor de servicios cumpla con los requisitos de ley e ir más allá generando procedimientos internos, auditorias constantes e inspecciones, asegurándose que el personal cuente con las herramientas necesarias y la preparación adecuada.

Así que la próxima vez que requiera contratar un servicio de seguridad privada, busque a un profesional y asesórese, no confíe únicamente en el criterio del propio proveedor, pues naturalmente siempre van a decirle lo que quiere oír, a diferencia de un asesor neutral que le dirá lo que realmente necesita para su operación y negocio.

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