La detención de un oficial señalado como sospechoso del homicidio de la turista venezolana Carla Stefaniak, pone en evidencia las irregularidades que ocurren en el sector de la seguridad privada del país. Según las autoridades judiciales, la detención del sujeto se dio luego de encontrar inconsistencias en su declaración en la que indicaba que la joven había salido de su habitación alrededor de las 05:00 de la mañana pese a que su vuelo estaba programado hasta la tarde, hecho que levantó sospechas y motivó un allanamiento de su vivienda en donde pruebas de luminol mostraron la presencia de sangre dentro del inmueble.
De acuerdo con la legislación vigente, para que un oficial pueda desempeñarse como tal, debe aprobar el Curso Básico de Seguridad Privada, el Curso teórico-practico para manejo de armas de fuego, cuando fuera requerido, aprobar un dictamen de idoneidad mental emitido por un profesional en psicología acreditado, y encontrarse inscrito ante el Ministerio de Seguridad Pública. Así mismo, las empresas de seguridad, deben cumplir con otra serie de requisitos para brindar el servicio, y los usuarios deben velar para que todo se encuentre en orden al momento de contratarlo.
Sin embargo, lo anterior parece que muchas veces queda en el papel, al margen de la ley operan empresas o se contratan oficiales que no cumplen con los requerimientos mínimos para desempeñar la labor, una problemática que no es reciente y que en varias ocasiones ha sido denunciada, incluso por los mismos medios de comunicación. A pesar de lo anterior, las empresas siguen contratando personal sin la mínima preparación, sin verificar datos ni idoneidad de los aspirantes, omitiendo así detalles importantes en cuanto a la legalidad del servicio y exponiéndose a grandes riesgos, algunas con resultados mortales como el lamentable homicidio de Stefaniak.
Diversas situaciones pueden explicar las deficiencias de la seguridad privada en el país, el factor económico sin lugar a dudas es una de ellas, las personas que contratan los servicios de una empresa, optan por utilizarlos al margen de la ley para ahorrarse dinero. La sub-valoración del agente de seguridad, es otro factor que provoca fallas en la prestación del servicio, malos salarios, jornadas extensas, incumplimiento de derechos sobre el trabajador, explican la dificultad para encontrar personas idóneas que estén dispuestas a exponer sus vidas para protección de los demás, obligando la contratación de personas en estado irregular que sí aceptan cualquier cargo para subsistir.
La falta de procedimientos a nivel empresarial para controlar a empleados, clientes o socios, así como la poca cultura preventiva que impera a nivel comercial sobre la seguridad, ponen en riesgo a la ciudadanía que acude a hoteles o demás comercios confiando en la seguridad que estos establecimientos ofrecen y que no esperan encontrar peligro en quienes se suponen, están ahí para cuidarlos.
El homicidio de Carla Stefaniak, se suma al de otras dos turistas que en este 2018 perdieron sus vidas mientras visitaban el país, casos que han trascendido fronteras y afectan negativamente la imagen turística de Costa Rica.
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Fuente: CrHoy