Saludos lectores
Me tomé un tiempo para finalmente poder compartirles la última parte de esta serie de artículos que he llamado “Criminalidad en Costa Rica: Causas, control y prevención” con el fin de evitar dejar por fuera aspectos importantes, en esta ocasión hablaré un poco de la política penitenciaria del país.
Como vimos anteriormente, Costa Rica se encuentra en un momento difícil en cuando a delincuencia se refiere, los últimos homicidios cometidos en estos días son evidencia de que las estimaciones de las autoridades eran correctas, el 2017 va a ser el año más violento de la historia.Pero no es cualquier delincuencia, es el crimen organizado el que más daño nos está generando, y es urgente que las autoridades comiencen a tomarse el tema en serio y a trabajar con todos los sectores sociales para prevenir que el problema se nos salga de las manos, pues como ya mencioné en las otras partes, son números que se pueden manejar aún.
Recordemos los cuatro problemas de muchas de las políticas criminales del país: Ausencia de criterio técnico-profesional, populismo, imitan modelos extranjeros sin adaptarlos al contexto costarricense y ausencia de recursos suficientes para poderlos desarrollar. Ante el aumento del crimen, es frecuente el clamor de los ciudadanos por endurecer más las penas u otras medidas y que hace a las autoridades tomar decisiones que rozan una línea muy delgada con los derechos de los ciudadanos.
En el seminario de la UNED el mes pasado, tras analizar cada charla, llegué a la conclusión que tanto Costa Rica como otros países del área tienen algo en común cuando de delincuencia se trata: Hay pocos profesionales en la materia trabajando en ello, y por eso no es de extrañar que muchas de estas políticas que se ejecutan, pasen por alto criterios importantes a la hora de tomar acciones, aunque no significa que la idea estuviera mal, sino que contextualizar estos modelos y ponerlos en marcha requiere de todo un abordaje multidisciplinario, y por supuesto, necesita de criminólogos.
Pero entrando al tema central ¿realmente está en decadencia nuestro sistema penitenciario como lo percibe el pueblo? En la antigüedad, los centros de reclusión estaban diseñados para cumplir penas cuyo único fin era vindicativo, es decir, hacer pagar al delincuente por el daño que había causado, y por supuesto, segregarlos de la vida en sociedad. Pero es gracias al avance de la ciencia y del conocimiento actual que tiene la criminología al respecto, que se entiende que si bien un sujeto debe ser separado de la sociedad y pagar una pena por su delito, también debe ser re-educado para poder entrar nuevamente en ella y dejar de ser un peligro y para esto el sistema requiere dotarlo de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.
Podría decirse que bajo esta línea es que se ha dirigido la política penitenciaria del país en los últimos años, aunque con notables fallos pero al menos en la dirección correcta, solamente que no es un logro de ahora, expertos en el área han señalado las necesidades de generar una política criminal más consciente que no solo dependa de la administración penitenciaria, en este artículo sobre “La situación del Sistema Penitenciario” de hace 20 años, podemos darnos cuenta de ello:
El abordaje de este tema no siempre se ha realizado de la manera más adecuada. Nuestra experiencia nos enseña que, las más de las veces, se han considerado las prisiones como un asunto de la competencia exclusiva de las administraciones penitenciarias. Con ello se han dejado de lado aspectos imprescindibles para un estudio integral que analice el problema penitenciario en su condición de componente del sistema de justicia penal dentro del marco de una política criminal coherente (…) Existen variables que inciden en el problema de la sobresaturación penitenciaria cuya influencia en el producto final resulta fácilmente probable (…) En primer lugar, se encuentra el aumento de la represión penal, que va desde la reforma legal propiamente dicha hasta el aumento de las posibilidades logísticas y materiales de los órganos de detección y sanción. (Santos Reynaldo Venegas)
Acá les comparto otro ejemplo:
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz, Hernando París Rodríguez, manifestó que en este momento el Sistema Penitenciario del país enfrenta una crisis por la sobrepoblación existente, como consecuencia del crecimiento de la delincuencia y que el problema no se atiende solo con construcción de cárceles, sino atacando las raíces sociales. (Periodista Andrea Marín Mena – Observatorio Judicial).
Y no es un capricho de un par de autores, el Informe del Estado de la Justicia también hace énfasis en las repercusiones a largo plazo que las políticas punitivistas traen consigo, aunque en su momento se consideren la salida fácil o adecuada para lograr contener la delincuencia:
En materia penal, la “mano dura” se define como un conjunto de normas e intervenciones públicas que, con la pretensión de asegurar un mayor grado de seguridad a la ciudadanía, violan las garantías y derechos fundamentales previstos en las constituciones y tratados internacionales ratificados por los países. Entre estas normas se pueden mencionar el endurecimiento de las penas, la creación de nuevos tipos penales (muchos justificados en la “guerra contra las drogas”), la conversión de las contravenciones o delitos menores en delitos graves (robo agravado), la militarización de la seguridad ciudadana y la disminución de los beneficios en el sistema penitenciario, así como de las penas alternativas (Capítulo 7: Causas de la privación de libertad y perfil de la población penitenciaria).
Si bien es de indicar que el derecho penal es indispensable a la hora de abordar la criminalidad, lo cierto es que nuestro sistema no ocupa crear más leyes ni nuevos tipos delictivos, lo que se necesita es adecuarlos y mejorarlos, el sistema penitenciario por sí solo no va a poder dirigir una política efectiva sobre resocialización del delincuente, si el resto de la estructura estatal está mal enfocada y sus decisiones no están basadas en una política coherente.
Entonces ¿el trabajo de la administración penitenciaria en los últimos 5 años ha estado bien? Posiblemente muchos difieran conmigo en esto, pero efectivamente sí lo ha estado (hasta cierto punto), invertir en programas educativos, recreativos, de servicio comunitario, la creación de espacios para generar trabajo como las ferias artesanales, formación en carreras técnicas y profesionales, mejorar las condiciones de infraestructura a los privados de libertad y en sistemas de controles electrónicos como las tobilleras o sistemas de cámaras y monitoreo, son un avance enorme para lo que se ha visto en esta área en al menos 30 años. Los invito a leer este documento llamado “Influencing Change in Prisoner Behaviour” para ampliar un poco el conocimiento al respecto, está en inglés pero realmente es muy atinado al tema.
Aunque para algunos parezca mentira, nuestro sistema penitenciario destaca positivamente en relación con otros de la región, en un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a 6 países (Barbados, Chile, Costa Rica, Jamaica, Panamá, República Dominicana y Uruguay), esta realidad quedó en evidencia. Quizás en este momento se esté preguntando ¿por qué si es la línea correcta y si se está trabajando bien en temas penitenciarios, la delincuencia sigue igual? Responder a esto no es sencillo, pero hay que empezar primero por indicar que no es únicamente a esta dependencia a la que le toca, recordemos que esta área es el último filtro de control que tiene el Estado para prevenir que el individuo reincida en su conducta criminal, pero es a otros órganos institucionales a los que les corresponde prevenir que estas conductas se den en primer lugar.
La prevención del delito debe contemplarse desde edades tempranas, no voy a referirme más a la necesidad de incursionar en centros educativos ni de otros sectores como la seguridad ciudadana porque ya los he tratado bastante en otros artículos, pero el ejemplo que nos trajo de México el señor Jaime Mejía es muestra de que este es el próximo paso para lograr prevenir el delito ¿debemos esperar a tener el problema como en este país para actuar? ¿debemos esperar a tener el problema como Colombia u Honduras para reforzar los programas comunitarios? Si países que ya han atravesado alto índices de violencia han comenzado a tomar esta dirección, no es simple antojo de unos cuantos, es que la experiencia y el conocimiento nos exige retomar el camino correcto.
Pero no todo dentro del sistema penitenciario va bien, uno de los principales problemas es la falta de un dato certero sobre la reincidencia penitenciaria, tal y como puede leerse en el informe de la OEA. Existen algunas valoraciones al respecto, el viceministro actual, Marco Feoli, ha hecho referencia en algunas intervenciones a la prensa, que este índice ronda aproximadamente un 3.5%, un informe del 2013 realizado por el Dr. Martin Wright (otro profesional más que destaca la labor de justicia restaurativa del país), indicaba que estaba por debajo del 5%.
Desde 2007 y hasta 2013, se realizaron 20 000 horas de servicio a la comunidad; la tasa de reincidencia ha sido menor al 5% y menos del 4% de acuerdos se han revocado. Justicia Restaurativa en Costa Rica.
Pero en el informe del Estado de Justicia hay otro dato: 20.6% en el 2015, 3% menos que en el 2014 y que venía en aumento desde el 2012. Eso sí, en este análisis se hace mención a algunas deficiencias en los parámetros para medir este dato, se debe tomar en cuenta que en algunas ocasiones, regresar al sistema de privación de libertad, tiene varias razones entre las cuales están el incumplimiento de las condiciones en la medida cautelar (que no necesariamente es cometer otro delito), indiciados que nunca reciben una condenatoria y por tanto, entran y salen por diversas detenciones sin cumplir un proceso de pena como tal, y por supuesto, por cometer otro delito, en este último punto, también sería importante analizar cuál fue el proceso que recibió este reincidente en su momento. La razón por la que no existe dato exacto, la podemos ver en el estudio realizado por la OEA:
Una situación particular se observa en Costa Rica, dado que el Ministerio de Justicia no lleva estadística de personas reincidentes por varias razones. En primer lugar, porque no ejerce funciones en el ámbito post penitenciario. En segundo lugar, porque considera se trata de un dato estigmatizante. En tercer lugar, porque no controla toda la información requerida para levantar ese tipo de estadística, dado que decisiones judiciales que tienen incidencia directa en el sistema penitenciario (como los beneficios de salida) no son informadas a éste. Pero el principal motivo es que el Instituto Nacional de Criminología tiene como política institucional no considerar la reincidencia como un agravante penal. (Reduciendo la reincidencia delictiva).
Si bien comparto hasta cierto punto la visión que ha adoptado Costa Rica al respecto, los datos son importantes, y no deben verse solo como un elemento para estigmatizar, sin números, no hay forma de medir el problema y enfocarnos en lo que debe mejorar, la mala comunicación entre la gestión penitenciaria y la población causa que la percepción del ciudadano sea errónea, no basta con compartir lo que se hace en redes sociales, transmitir de manera asertiva es clave para entender a lo que nos enfrentamos, sobre todo porque existe la idea generalizada que las decisiones tomadas hoy, generan cambios inmediatos. En esta parte, aunque exista buena dirección y criterio, la cabeza del Ministerio de Justicia se ha comportado de manera desafiante con el pueblo, lo que provoca gran descontento.
Por otro lado, pese a lo que se ha destacado del país (como tener un instituto propiamente de criminología como organismo a cargo de la reinserción, y tener un manejo penitenciario centralizado con una dependencia que se encarga directamente de atender estos temas) el informe de la OEA solo menciona la palabra criminología en no más de 10 veces en todo el documento para hablar del estado de las cárceles de la región y en su mayoría para referirse al Instituto Nacional de Criminología, algo que denota la falta de norte que ha imperado en el abordaje del asunto, ojo a este dato:
En Costa Rica, la Dirección General de Adaptación Social cuenta con 1.283 funcionarios técnicos y administrativos, y 3.344 funcionarios del ámbito policial. En el primer grupo, las profesiones de mayor presencia, en orden numérico, son Trabajo Social (111 personas), Derecho (90 personas), Psicología (68), Administración (63 personas), Orientación (61 personas) y del área de la salud (53 personas). Al margen de ello, “no es posible identificar personal penitenciario abocado exclusivamente a tareas de reintegración social porque no hay programas ni actividades planificadas exclusivamente para esos fines. (Informe del Estado de la Justicia).
Resalto en negrita los profesionales dentro del sistema porque, sin desmeritar la gran labor que realizan estas personas, al requerir esto un abordaje integral, aun en el 2012 (año en el que fueron tomados los datos), la ausencia de profesionales en criminología seguía viéndose reflejada, y no es por dedicarme a esto que soy insistente en ello, sino porque, así algunos de ellos estudien las dos carreras, esto es recargar sus funciones, se pone el peso de dos criterios en un solo profesional, lo que va a hacerle perder perspectiva, no en vano existe un órgano llamado Instituto de Criminología.
Por supuesto, esta recarga de funciones tiene sus consecuencias, abordar todo el problema sobreexcede la capacidad actual del sistema, sin contar con que el Poder Judicial, como órgano independiente, es quien dispone y ordena el cumplimiento de la legislación nacional y de convenios internacionales, algo que no depende del Ministerio de Justicia y Paz, el cual pertenece al Poder Ejecutivo.
Y entonces, todo lo demás que ha venido fallando en el país, el encarecimiento de la vida, las dificultades para obtener empleos o fuentes de financiamiento para emprender, los conflictos en países vecinos que desplazaron el delito al nuestro, el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías que han servido para propagar y facilitar el delito, repercuten significativamente en el aumento de la delincuencia, la cual topó con un sistema penitenciario que a duras penas había avanzado, las decisiones que fueron tomadas años atrás no pueden ser resueltas en menos de 10 años, se deben reforzar operativamente otras medidas de seguridad, informar al ciudadano y darle instrumentos para defenderse frente al hampa, igualmente se necesita un compromiso de instituciones gubernamentales y del sector privado, para articular una política de unión y fuerza sin violentar los derechos individuales y colectivos.
¿Se ha puesto a pensar todas las particularidades, garantías y privilegios que tenemos en Costa Rica? ¿estaría dispuesto a sacrificarlas por un poco de seguridad? Analice un poco la situación actual, es cierto que estamos ante una ola de violencia nunca antes vista, que nuestras leyes son obsoletas en algunos puntos, que se ha perdido un poco la paz a la que estamos acostumbrados, pero nos diferenciamos mucho de estos países que ya pasaron por esto, pues para bien o para mal, nuestra situación política ha sido más estable, y hemos desarrollado mecanismos para solucionar conflictos pacíficamente.
Pero atención, que resolver por medio de la paz no se trata de ser laxos, operativamente se requiere profesionalizar más al personal que vela por la seguridad del país, hablamos por supuesto de Fuerza Pública, agentes judiciales, oficiales penitenciarios, de tránsito, migración, fronteras, municipales, servicios privados y la modernización de equipos más una actualización académica en programas y centros académicos que promuevan la investigación científica del delito. Tal parece que en realidad el país si cuenta con condiciones para esto, por lo que más bien una mala ejecución y control de los recursos es quizás la razón por la que no se ha logrado trabajar como debe ser ¿corrupción? Esto ya queda como material para otro análisis, pero a la luz de los últimos casos que han salido recientemente, la falta de voluntad política ha sido sin duda el mayor obstáculo para mejorar en materia de seguridad ciudadana.