Saludos lectores
El día de hoy, y luego de analizar el tema con diferentes personas, leer y conocer varias posiciones, quiero referirme a la situación actual que está viviendo la seguridad privada del país. Abro este artículo luego de leer la columna de opinión de CrHoy titulada “¿Es el Sistema de Seguridad Privada falto de balance y atención objetivos…? “ y que me pareció muy atinada para comenzar a desarrollar esta entrada.
Controles insuficientes
Comparto, al igual que el autor, en que el Estado tiene abandonado desde hace mucho tiempo al sector de seguridad privada, empezando por el Ministerio de Trabajo (MTSS), que como bien indica, se ha limitado a ver la situación desde la barrera, pese a que son constantes las denuncias y es casi un secreto a voces lo que viven algunos efectivos de seguridad a diario en sus puestos, en complicidad con los insuficientes controles por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Esto ha provocado que las empresas hagan lo que quieran con su personal, aprovechándose muchas veces de la poca información o conocimiento que tienen para defenderse.
Una gran cantidad de oficiales se ven en dificultades para conseguir trabajo porque la empresa donde estaban no los ha dado de baja en el sistema y retienen sus credenciales como agentes de seguridad, y por ende, no pueden ser contratados en la nueva empresa, lo que vulnera sus derechos laborales, o los atrasos para otorgar los permisos en el departamento de Armas y Explosivos, así como las anomalías en pagos al seguro social, pólizas de riesgo, poco control en el pago de salarios, horas extras, rebajos ilegales, solo por mencionar algunos ejemplos.
Y el problema no es de ahora, ya anteriormente la situación ha sido denunciada incluso hasta en los medios de comunicación, en el 2011, un reportaje de Telenoticias dejó en evidencia las irregularidades con oficiales, empresas de seguridad y clientes al margen de la ley. Acá también se expone la responsabilidad que tienen los que contratan el servicio al no verificar y estar pendientes para que el proveedor cumpla con lo establecido. Y es aquí donde la misma ley ha fallado, porque establece controles mínimos para la inscripción de un agente de seguridad en temas de preparación.
Bajo estas irregularidades, es insensato pensar que personas que se exponen a diario a situaciones de estrés y presión, con jornadas extensas y algunos con salarios por debajo del mínimo, puedan funcionar adecuadamente cuando les toque actuar, muchas personas olvidan que también son humanos y que portar un uniforme y un arma en la cintura requiere de mucho dominio y control emocional.
Poca preparación
Las aulas de los centros de formación que imparten los cursos de seguridad privada se llenan todas las semanas y es sorprendente la demanda, un buen porcentaje de esas personas consiguen inscribirse, pero una vez dentro del sistema, existen pocas herramientas para seguir garantizando la capacidad de ese efectivo, excepto quizás, el examen de idoneidad mental realizado por un profesional en psicología acreditado para renovar sus permisos, pero eso no da certeza de que el oficial esté con las condiciones de repeler una amenaza, que haya entrenado o que realmente sepa cómo actuar ante cualquier situación de riesgo.
Las 42 horas del curso básico de seguridad privada, que dura una semana y culmina con un examen evaluado por el mismo Ministerio de Seguridad, no es suficiente, tampoco lo es el examen teórico-práctico para obtener el permiso de portación, por eso, una vez que el oficial entra a trabajar, debe procurarse que el mismo siga preparándose para que a la hora de renovar sus permisos, no solo se evalúe su capacidad mental para desempeñar su labor como hasta ahora, sino que se valore su preparación, porque por más pólizas de riesgo que se paguen, lo que tiene mayor valor es la vida, no solo del oficial sino de todas las personas a las que se le asigna cuidar y proteger.
Acuerdo polémico
Y es a raíz de todo lo anterior, que surge el acuerdo de la discordia 2016-132-MSP, que ha generado mucha polémica desde que se aprobó, entre los sectores que defienden la tenencia legal de armas y el derecho a la defensa, y los más conservadores que pretenden reducir la violencia a través de controles más estrictos en armas de fuego.
Lo cierto es que esta regulación era necesaria desde hace muchos años atrás, y esta directriz es un movimiento desesperado por retomar el control antes de que estalle el problema y se vuelva más peligroso, porque es frecuente observar las anomalías en oficiales, que al final son la cara de su empresa y del cliente y terminan siendo el blanco de críticas mientras se exponen a todos los riesgos posibles, así hay ejemplos de actuaciones lamentables que han sido el sustento sobre el que se basa esta disposición, lo que nos lleva a tener que replantearnos el enfoque que estamos dándole a estos controles.
Aciertos y desaciertos
En materia de seguridad el país ha tenido buenos aciertos y otros muy malos, particularmente el acuerdo 2016-132-MSP para mi es ambos, por un lado, deja en evidencia que estamos ante una situación donde el control de armas y su uso en los puestos es riesgosa, y que se requiere crear alguna herramienta para que no siga creciendo este riesgo, pero por otro lado, carece del criterio técnico-profesional suficiente para implementarlo, porque toda esa estadística que se usa para justificar la medida, responde a estas anomalías que se han mencionado anteriormente, desde la pasividad del MTSS y MSP, empresas de seguridad, clientes y por supuesto, los mismos oficiales de seguridad, quienes muchas veces sabotean su gremio al aceptar condiciones contrarias a la ley y no se preocupan por su constante capacitación, aún cuando son ellos mismos quienes se exponen.
El Ministerio de Seguridad Pública ha sido imprudente al dejar de lado el conocimiento de expertos en uso y manejo de armas de fuego a la hora de emitir esta directriz, así como de otros profesionales en temas de seguridad y criminalidad, olvidándose que la seguridad gira alrededor de múltiples factores y elementos que deben evaluarse en forma conjunta, y que reducir todo el problema a solo el uso de armas en oficiales (y ahora hasta en los civiles) es irresponsable y pone en riesgo a la población. Y como también he mencionado en anteriores artículos, otro de los desaciertos de esta directriz es que no está contemplando las modificaciones que deben realizarse en todos los puestos que queden desacreditados para el uso de armas y que va a arriesgar la vida de los oficiales.
¿Qué debe mejorar del Acuerdo 2016-132-MSP?
Una forma de controlar y evaluar la preparación de todos los agentes inscritos, es a través de la auditoría de documentos por parte del MSP, donde se verifique que las empresas de seguridad tienen inscritos oficiales con la preparación suficiente para ejercer sus labores. Las empresas son responsables de velar por esta preparación, a través de la constante capacitación en técnicas como aprehensión, esposamiento, defensa personal, uso de armas de fuego u otras menos letales, y que también posean los conocimientos legales necesarios sobre sus derechos y deberes como agentes.
Una posible mejora al acuerdo, podría ser modificarlo para que las evaluaciones cambien y tomen en consideración otros elementos de seguridad también importantes y que formen parte de los registros de las empresas a la hora de presentar su documentación cuando son auditados por el MSP, y que dichas evaluaciones sean realizadas por profesionales ajenos a la empresa o cliente aplicando todas las herramientas que aseguren la transparencia y objetividad en cada evaluación.
Para la criminóloga Tania Molina Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Evaluadores de Riesgos, la matriz requiere varias mejoras, debido a que no contempla o refleja en el resultado el criterio profesional de quienes la aplicarán y “depende de una ecuación sistemática que castiga varios aspectos, entre esos, el trabajo de las empresas de seguridad y el trabajo del oficial como elemento disuasivo, que a lo largo del tiempo han sumado a la labor preventiva del delito y por ende los sitios evaluados no tendrían eventos internos que sumen en la valoración”
La evaluación de riesgo, indica la licenciada, debe incluir muchos otros aspectos sobre ubicación geográfica, incidencia criminal, riesgos potenciales y que la herramienta no puede ser solo una operación matemática que no contemple un análisis integral del riesgo.
Por otro lado, la idoneidad de los evaluadores se pueden controlar bajo las figuras que actualmente existen y que son las encargadas de impartir el curso para la certificación de estos profesionales velando por el cumplimiento de los requisitos que se establecieron. Todo esto serviría como un control cruzado donde el sector privado une esfuerzos con la administración pública en mejora de la seguridad ciudadana y de paso el cliente que contrata se asegura un servicio de calidad.
Avances y consideraciones finales
Pese a que la directriz entró en vigencia y actualmente ya se encuentran evaluadores certificados para poner en marcha este acuerdo incompleto, han surgido otras partes que han levantado la voz para defender al sector más afectado, que en este caso son los mismos oficiales, a los que se les exige seguir procedimientos que no contemplan todas sus condiciones para aplicarlos.
A través del grupo Portación de Armas Costa Rica, algunos de sus miembros se han unido y consiguieron ser escuchados en la Asamblea Legislativa, de la mano de la diputada por el Movimiento Libertario, Natalia Díaz, que pese a que he discrepado en algunas de sus intervenciones en temas similares, debo reconocer y aplaudir que recientemente abrió un canal de comunicación entre las partes al reunirse con el Ministro de Seguridad Gustavo Mata y el director del Servicio de Seguridad Privada Roberto Méndez, asesorada por el Lic. Carlos González y el Presidente de la Cámara de Seguridad Privada Allan Guillen, donde se trataron temas importantes sobre la regulación de armas en oficiales y civiles y dejó a disposición su despacho para que se acerquen y se llegue a un mejor acuerdo.
Esta oportunidad es muy valiosa y no debemos desaprovecharla, ya que es el momento de exponer todas nuestras preocupaciones para que sean tomadas en cuenta y no permitamos que se implementen medidas que vayan a ponernos en riesgo, la ciudadanía tiene derecho a escuchar los diferentes sectores para evitar que las interpretaciones que se hacen a la estadística criminal la confundan, el cambio debe incluir y exigir a todas las entidades encargadas de velar por nuestra seguridad controles ordenados y que se ajusten a la realidad, la visión de desarmar por completo a la población no es posible aplicarla en nuestro contexto sociocultural actual, debemos ser consecuentes con las tendencias delictivas que afronta el país y no engañar a la población.
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