Diputados analizan proyecto de ley para regular armas de fuego

El Congreso Legislativo de Costa Rica analiza realizar algunas reformas a la Ley 7530 de Armas y Explosivos, dicha iniciativa se tramita bajo el expediente 20.509 presentada el 6 de septiembre del 2017. El proyecto inicial establece cambios para los tipos de armas permitidas y la cantidad máxima que puede inscribir un civil, situación que ha generado discrepancias entre diversos sectores que defienden la portación legal de armas en el país.

Desde entonces, dichas organizaciones y ciudadanos presionaron para ser escuchados por los legisladores y lograron que algunas de sus peticiones fueran incluidas en textos sustitutivos, de momento, los cambios pretenden modificar los artículos 7, 20, 23 y 51 de la ley actual para:

1. Ampliar el perfil de las personas que pueden portar armas de fuego, restringiendo su uso a quienes cumplan condenas con penas en cualquier modalidad penitenciaria o estén acusadas en delitos contra la propiedad, violencia doméstica, contra la vida, sexuales, narcotráfico, entre otros.

2. Implementar un método de seguimiento, recomendado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante la consulta hecha a dicha institución, para control de las armas, de manera que la inscripción se de por un plazo de tres años prorrogable por períodos iguales, y no indefinidamente como actualmente dicta la ley.

3. Regular los sitios o establecimientos donde se pueda portar armas de fuego, quedando de esta forma prohibido el ingreso a establecimientos comerciales con licencia de comercialización de licor clase B y E4, centros recreativos, casinos, exceptuando el uso policial y oficiales de seguridad privada contratados en el ejercicio de sus funciones. Actualmente la ley limita únicamente a instituciones públicas, de salud y educativas, sin embargo muchos establecimientos o recintos privados aplican sus propios derechos de admisión, el proyecto propone además que ahora se coloque un aviso visible para identificar esta restricción.

4. Restringir la cantidad de armas inscritas por ciudadano, pasando de tres a una.

Oposiciones

Sin embargo, las modificaciones al texto base no complacen aún a los portadores legales, su mayor inconformidad ha sido con la cantidad de armas permitidas por civil, opinión que comparten diputados como Zoila Volio del PIN y Heriberto Abarca del PUSC, durante el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda, varios diputados debatieron el proyecto que cuenta con el apoyado de varios legisladores. Ante esto, tentativamente llegaron a un consenso como punto medio para que la cantidad límite pase a 2 armas por persona.

La presidente del Congreso Carolina Hidalgo, enfatiza en que muchas de las armas inscritas terminan en manos de delincuentes y que 7 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego, pero los números no parecen respaldar del todo que esto sea consecuencia del uso legal de armas, en el dictamen afirmativo de mayoría visto en septiembre de este año, se tomaron en consideración datos emitidos por el Organismo de Investigación Judicial mediante oficio N° 819-DG-2018 el cual señala que las armas recuperadas en decomisos o hallazgos durante el 2017 y a Junio de 2018, fue 1443, de las cuales 1408 no estaban inscritas ante el Ministerio de Seguridad Pública y únicamente 35 estaban registradas.

Pero la diputada Volio también ha presentado otras objeciones y aportado más números, alegando que reducir a una sola arma puede poner en estado de de vulnerabilidad a quienes deban utilizarla en casos de legitima defensa y se les debe decomisar temporalmente, o bien si sufren un desperfecto técnico y deban sustituirla mientras se repara. También menciona que son la minoría las armas inscritas que se han involucradas en los homicidios ocurridos en el país, y que representa un 0,005% del total, por lo que estadísticamente el proyecto del todo no se justifica de acuerdo a la legisladora y no aborda el problema real de las armas ilegales que circulan en las calles.

De acuerdo a la solicitud de información 1046-OPO/UAC/S-2018 de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, en cuatro años se recuperaron tan solo 442 armas de fuego por la Policía Judicial en un total de 36,820 denuncias dónde se involucró un arma de fuego. De ese total, en 3 años y medio, el OIJ recuperó 48 armas de fuego matriculadas usadas en delitos. Es decir, un 13,71 por año. Del total de armas registradas, 246.669, esto representa un 0,005% del total. Dictamen negativo de minoría 04/10/18

Aún así, los defensores del proyecto se insisten en que a muchas armas les borran el registro y no es posible determinar con exactitud el número exacto de las que están inscritas e intervienen en hechos delictivos. De momento, tocará esperar la decisión que tomen los diputados respecto a este proyecto que surge como una propuesta para reducir el índice de homicidios con armas de fuego que se comenten en el país.