Durante el 2018 las denuncias por delitos informáticos aumentaron en el país. Según un estudio realizado por el experto en ciberseguridad Esteban Jiménez, en el 2017 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó un total de 1042 denuncias mientras que al mes de noviembre de este año se tenía contabilizados 1286 casos, estos números vienen en aumento, en el año 2014 se reportaron 447 denuncias.
El índice de ciberseguridad para el año 2017 presentado por el International Telecommunication Union (ITU), colocó a Costa Rica en el puesto #86, esta escala mide el grado de madurez con el que cuenta cada país respecto al tema de la seguridad cibernética y se divide en tres segmentos para identificar en el nivel que se encuentra, Costa Rica se ubica en una posición intermedia (Maturing) que reúne los países que han desarrollado compromisos complejos y participado en algunas iniciativas y proyectos sobre la materia. En este rango también se incluyen Panamá y México, este último posee el tercer lugar de mayor desarrollo a nivel de latinoamerica.
Extraído de las estadísticas del OIJ por Esteban Jimenez Ciberseguridad
El delito de fraude informático mediante la modalidad de phising, es el más frecuente, este método consiste en engañar mediante el envío de correos electrónicos maliciosos con la finalidad de conseguir que la víctima acceda a un enlace y poder ingresar a la información personal del usuario, como cuentas bancarias.
Para el experto en seguridad, los países latinoamericanos son los que menor nivel de seguridad presentan en comparación con el resto del mundo, y son con frecuencia atacados por los ciberdelincuentes para “entrenarse” y así poder golpear a países más robustos. En un informe elaborado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el 2016, más de 2 millones de personas en Costa Rica tenían acceso a internet (49%). Este informe revela el estado del país en diferentes sectores respecto a la ciberseguridad, por ejemplo señala baja comprensión de la seguridad cibernética por parte de empresas privadas y estatales, en educación y formación, y baja planeación y evaluación en la gestión de crisis.
Recientemente el OIJ alertó a la población sobre una posible estafa que circula en internet, consiste en indicarle a la persona que puede estar en una lista de trabajadores que tiene derecho a retirar un fondo de dinero. Al final del mensaje se adjunta un enlace para que la víctima acceda, lo que se presume, puede tratarse de una estrategia para acceder a datos sensibles:
Aquellos que trabajaron entre 1990 y 2018 tienen derecho de retirar ₡615.083 de MTSS COSTA RICA. Verifique si su nombre figura en la lista de aquellos que tienen derecho a retirar estos fondos. Para verificar si su nombre figura en la lista, responda nuestra pequeña encuesta
Durante el Seminario de Investigación Criminal Científica otros expertos como el Lic. Randall Barnet, hacen énfasis en la complejidad de para seguir el rastro de estos delincuentes, donde una prueba puede durar 5 minutos (o menos) en la web y luego desaparecer para siempre, lo que dificulta la resolución de los casos, además hizo notar la importancia de que los profesionales en criminología incursionen en el estudio de este tipo de delincuencia que hasta el momento ha sido poco explorada por el gremio.
Las plataformas digitales son una herramienta que los delincuentes también usan para cometer sus crímenes, y no necesariamente todos deben estar relacionados con delitos informáticos directamente, pero sí valerse de estos medios para facilitar la comisión de sus actos, tras el caso del homicidio contra el empresario peruano encontrado dentro de un congelador en Limón, surgió información que revela el uso de redes sociales (whatsapp) para suplantar la identidad de otra persona y así apoderarse ilegítimamente de propiedades y dinero de una de las víctimas.
La mujer se marchó a su país de origen y allá comenzó a vivir junto a un familiar llamado Caín Gutiérrez Alfaro. Después de algún tiempo, nadie volvió a ver a la mujer y Caín vendió su casa hace dos años; sin embargo, a nadie le extrañó porque a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp ella, supuestamente, se mantenía en contacto con su familia. Fuente: AMPrensa
Lo anterior debe ser tema de preocupación para las autoridades y para los profesionales en atender temas de delincuencia, la poca conciencia del costarricense por la protección de sus datos, lo convierte en un objetivo vulnerable para los delincuentes, en plena era tecnológica donde las naciones avanzan a sociedades más digitales, el Estado tiene la responsabilidad de educar y alertar a la ciudadanía de los riesgos que están en la red por lo que algunos sectores buscan impulsar cambios en la legislación para incluir nuevos tipos penales más acordes con la realidad nacional.
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