Saludos lectores
Llegamos a la tercer parte de este análisis del estado actual de la criminalidad en nuestro país. Si llegó a esta entrada por casualidad, le recomiendo leer la parte 1 y parte 2 para poder seguir mejor la lectura. Nos quedan aún pendientes algunos puntos que se están trabajando o ejecutando en algunos casos, para combatir la delincuencia. Uno de ellos es el proyecto de Ley de “Extinción del dominio”, el cual ha generado polémica entre los estudiosos del derecho. Dado a que esta es un área que excede mi campo de estudio, solo expondré los argumentos a favor y en contra, y algunas observaciones personales derivadas de estas posturas.
Recordemos que en este momento, el mayor problema que tenemos en materia de delincuencia, es el crimen organizado, curiosamente, de todas las propuestas que he leído hasta el momento, es la única que da en el punto clave de este problema. Algunos sectores preocupados por el control de armas, se olvidan realmente contra quiénes están luchando, si bien como ya se abordó ampliamente en la entrada anterior, es necesario establecer controles, es claro que se ha generado toda una campaña desinformada, con proyectos carentes de todo sustento, pero al final, la adquisición de armas por parte de las redes organizadas, se da gracias a su activo más importante: El dinero.
Bajo esta perspectiva, el proyecto cae bien, expone fundamentos muy atinados, se sabe bien que el dinero es lo que mueve este mercado, debilitar sus ingresos sin duda alguna generaría un impacto significativo en la lucha contra el narcotráfico, pues en el caso de las armas, por más que se restringa, si existe dinero, para estas organizaciones es posible adquirirlas de cualquier forma. Explica además, que efectivamente ni la desarticulación de las cabecillas garantizan la disolución de las mismas, pues cada miembro de la organización es reemplazable, y siempre existirán quienes busquen asumir el negocio.
Retomo este texto:
La otra circunstancia que incide en el aumento de asesinatos es el fenómeno llamado explosión criminal, generado por los conflictos que se dieron en el sur de la capital y el cantón central de Limón, entre el 2014 y 2015, por bandas dedicadas al narcomenudeo (…) Esa guerra entre bandas desató el incremento de muertes por ajustes de cuentas en los últimos tres años y, pese a que sus líderes han sido detenidos por las autoridades, surgen nuevos cabecillas que mantienen el negocio del narcomenudeo. (Costa Rica camina hacia tasa más elevada de asesinatos, La Nación).
Con este proyecto, se pretende atacar los bienes que hayan sido adquiridos de forma ilícita, creando una especie de atajo, donde, paralelamente a la causa penal, se investigaría la adquisición bienes, sin distinción del sujeto que los posea, así éste no tenga que ver con la actividad ilícita. Con esto se busca dar un golpe fuerte al crimen organizado, un modelo que ya ha sido aplicado en otros países. Hasta ahí, todo parece ir bien ¿cómo oponerse a que se ataque a la delincuencia? No obstante, el proyecto tiene sus detractores, quienes afirman que se violan derechos constitucionales:
A pesar de que se niegue que la extinción de dominio posea una naturaleza sancionatoria, sí tiene ese carácter y por eso no se puede prescindir de los principios, derechos y garantías que se asocian a la imposición de una pena.
La iniciativa quebrantaría el principio de inocencia al invertir la carga de la prueba e incluir una presunción en contra del afectado.
Lesionaría los derechos de abstención y de defensa porque si el afectado no justifica su patrimonio, su silencio implicaría aceptar que sus activos proceden de una actividad ilícita.
Además, violentaría el principio acusatorio porque tras el proceso de extinción, podría terminar afirmándose que alguien se ha visto involucrado en actividades ilícitas, sin que hayan sido concretadas en la vía judicial.
También se rozaría el principio de cosa juzgada material porque no se establecen límites a los alcances del procedimiento con respecto a sentencias penales que ordenen devolver bienes.
Le permitiría al Estado ejercer criterios discrecionales de “selección y priorización de casos”, “como si hubiesen fortunas mal habidas mejores que otras y que se pretenda excluir, expresamente, los delitos tributarios de aquellos de los que puede provenir el patrimonio ilícito, lo que tiene connotaciones de selectividad y violación al principio de igualdad inconvenientes”. (Advierten que proyecto de extinción de dominio afectaría derechos, CrHoy, 2017)
Esta posición la comparten otros especialistas en derecho, recomiendo la lectura de los artículos de opinión La extinción de dominio: Una iniciativa dañina para el Estado de Derecho, Extinción de dominio: el fin no puede justificar los medios y Ley De Extinción De Dominio Nos Afectaría A Todos, No Al Narcotráfico.
En resumen, lo que se cuestionan son la violación de principios fundamentales, como el principio de inocencia, el de abstenerse de declarar contra sí mismo y el principio de “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo). Con respecto al principio de inocencia, se le pide al acusado justificar sus ingresos, en lugar de ser el Ministerio Público que demuestre su ilegalidad, con esto, se obliga al acusado a declarar contra sí mismo, pues en caso de abstenerse, se procedería a extinguir el dominio y finalmente, si existen dudas contra la legalidad de los bienes, se procedería con la confiscación de los mismos.
Y si, una vez que se lee con detalle el proyecto, es posible encontrar esta línea delgada que de aprobarse tal cual está, transgrediría principios básicos del derecho, pero ¿será que todo está mal? Ante estos argumentos, sus defensores indican que lo que se persigue son bienes y no personas, por tanto no existe tal transgresión de derechos, pues penalmente no se está juzgando al sujeto.
El diputado Ronny Monge, contradice lo señalado por Guevara, y asegura que el proyecto ya ha sido mejorado según lo dispuesto por la Defensa Pública “La Defensa Publica hizo una serie de observaciones, y la mayoría ya se acogió. Por ejemplo, dentro de las observaciones sobre qué pasaba con una persona que había presentado su capital de manera ilegítima, pero en esa casa vivía su esposa que no tiene nada que ver y los niños. Se hace una reforma para que el bien pase a nombre del Estado, pero puede seguir siendo usufructuado por la familia, que no tiene absolutamente nada que ver”.
Agregó el legislador: “No es cierto que violenta el principio de inocencia, porque la jurisdicción de Extinción de Dominio no es contra personas, es contra bienes, los bienes son los que se extinguen, la persona no tiene ninguna sanción. Además, se estipula cuáles son las conductas ilícitas sobre las cuales puede aplicarse la extinción de dominio. Narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y contrabando, son algunas de estas conductas ligadas a ese delito” insistió.
Cabe señalar que la resolución N°2015-18946 emitida por la Sala Constitucional, no encontró elementos que declararan ilegal dicho proyecto. Sin embargo el proyecto genera dudas, leía en redes a un usuario comentar que el derecho por sí solo ya no era suficiente para combatir el crimen organizado y que de ahí la importancia de esta ley ¿será esto cierto?
El derecho es un pilar esencial para garantizar nuestro estado de democrático y de derecho, pero ante el incremento del crimen organizado y la cantidad de negocios ilícitos, cabe preguntarse hasta dónde sería posible que este proyecto se analizara con más detalle y se buscara una solución a las inconsistencias señaladas, porque es un hecho que ocupamos más herramientas para frenar la delincuencia organizada y como ya hemos visto a lo largo de estas lecturas, el principal problema siempre es la división de criterios, donde una parte busca aprobar y la otra descartar sin aportar nada más, como si la seguridad de nuestro país se tratara de un juego en el que una de las partes tenga que “ganar” sobre la otra.
Para esto último, les dejo el análisis de la Dra. Patricia Vargas González, docente de la Facultad de Derecho y de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y que definitivamente explica detalladamente las inconsistencias señaladas y agrega algunas mejoras que deberían integrarse a nuestra legislación para abordar este problema y que una vez leído, nos deja pensando en si realmente ocupamos más leyes, en lugar de reforzar las actuales y una mejor ejecución de las sentencias.
Ministerio de Seguridad Pública
Ahora es el turno del Ministerio de Seguridad Pública y analizar su trabajo, exceptuando el tema de las armas de fuego que ya fue abordado en la entrada anterior. Recientemente el MSP estrenó el nuevo edificio de la Escuela Nacional de Policías (ENP) con instalaciones modernas y equipadas para garantizar la preparación de nuestra fuerza azul.
Se trata de una moderna y amplia infraestructura con capacidad para albergar 810 policías, la cual está en un terreno de 85 hectáreas ubicado en La Rita de Pococí, en Limón. Ahí, se encuentran los 29 edificios que conforman la nueva Escuela Nacional de Policía (ENP), perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública.
Por otro lado, este año se logró que los hijos de policías puedan recibir atención y comida en los diferentes CEN-CINAI del país. Invertir en el desarrollo del recurso humano, es sin duda uno de los mejores avances que se han gestionado recientemente dentro de este ministerio, y es que muchas veces se ignora que invertir en esto causa un efecto muy positivo en la labor de los oficiales. Las jornadas extensas, y los riesgos a los que el personal es sometido a diario, pueden ser perjudiciales, sobre todo que los mismos portan armas de fuego.
Las madres y padres policías enfrentan situaciones especiales debido a sus roles de trabajo y a emergencias que se registran, en cualquier momento, en todo el país. (Comunicado Ministerio de Seguridad Pública, 2017.
Fuerza Pública es una institución de la cual todos los costarricenses deberían sentir orgullo. Tanto los oficiales de calle, como aquellos que integran las diferentes unidades especiales y demás, realizan una ardua labor, quizás algunas administraciones han gestionado disposiciones o directrices desacertadas, o algunos miembros hayan hecho abuso de su autoridad, pero lo cierto es que mantener el orden público no es tarea sencilla, más para un país sin ejército y es gracias a esas valientes personas que salen a diario a enfrentar a los delincuentes que podemos dormir un poco más seguros… por ahora.
Aún así, la violencia que vive el país en este momento, exige que nuestra policía sea más protegida, porque a lo que nos enfrentamos es a redes altamente violentas acostumbradas a luchar contra fuerzas militares. Es esta la razón por la que recientemente un grupo de oficiales de la policía fronteriza, se capacitaba con las Fuerzas Especiales del Senafront de Panamá, Capacitación que naturalmente generó criterios encontrados, por un lado, la ANEP solicitó revisión de los contenidos por considerar que pueden transgredir nuestra legislación, nuestra constitución política indica que la capacitación y adiestramiento que reciba nuestra policía no tendrá carácter militar y deberá ser de orientación civilista. No obstante, algunos conocedores del tema, consideran esta capacitación necesaria:
“Se prepara a las unidades para formar parte del Grupo de Reconocimiento y Combate (Recom), punta de lanza contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada transnacional (…)” indicó el comisionado y subdirector de Senafront, Oriel Ortega Benítez.
¡Qué difícil balance! Sabemos que Costa Rica no quiere ejército, y que es uno de los mejores legados que ha dejado en la historia al mundo, pero no se puede negar la importancia de esta preparación, la formación militar requiere de gran disciplina, concentración y manejo de emociones, principios elementales cuando se trabaja en seguridad. Por tanto, este tipo de capacitación requiere ser analizada con objetividad, recordando quién es el enemigo, el éxito de esto se basa en el control y vigilancia estricta, velando para que los oficiales manejen este tipo de conocimientos sin que eso implique militarizar a nuestros policías, control que también debe velar para que no se formen grupos paramilitares.
Otro problema que enfrentan los policías hoy día, es a la exposición mediática a la que se exponen, donde son constantemente grabados e increpados por ciudadanos. Si bien es muy importante la denuncia pública, y aplaudo que se realice, muchas veces este acto vulnera la imagen de funcionarios en videos cortados, usados a conveniencia por las partes y poco a poco las autoridades han ido perdiendo el respeto del ciudadano ante la ley. No pondré ejemplos porque sobran, pero es necesario que se comience una campaña de información sobre los deberes que tienen los costarricenses cuando son detenidos o se les solicita colaborar con los oficiales.
La defensa de los derechos humanos es una lucha constante que se mantiene siempre en el límite entre garantizar los derechos individuales y al mismo tiempo garantizar a todos los ciudadanos su seguridad. Por ello, el fortalecimiento de los cursos de seguridad comunitaria, adquiere más relevancia, pues acercar al policía al ciudadano permite que éste se integre al proceso de seguridad y trabajar de la mano, facilitando la labor y al mismo tiempo comprendiendo cuáles son sus alcances, limites y que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos y deberes ante una intervención policial.
El MSP puso en marcha un sistema de análisis (AISEC) para detectar la problemática de las comunidades y poder atender sus necesidades, pero esto es insuficiente y requiere la integración con las autoridades de los gobiernos locales, y que va más allá de colaborar entre sí como sucede ahora, sino de una política integral que estandarice los programas, cursos y la función de cada una de las partes en este proceso. Esto último lo trataré en un artículo que espero tener listo para inicios de diciembre tras una estudio que realizo al respecto.
En la última parte, entraré de lleno al análisis de nuestro sistema penitenciario, quizás igual de polémico que hablar sobre armas de fuego. ¿Dudas, consultas, sugerencias o aportes? No olviden dejarme en los comentarios sus impresiones.
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