Saludos lectores
En la primera parte de este tema, hice una introducción breve al estado actual de la criminalidad en el país, en esta ocasión profundizaremos en algunas de sus causas y políticas o medidas de control que se han realizado, o se pretenden desarrollar, ante este fenómeno.
Como se mencionó, los ajustes de cuenta han sido la causa que más ha aumentado el índice delictivo, de los 578 homicidios cometidos en el 2016, 263 fueron por esta causa, y en el lapso de 5 años esta cifra se disparó, ya que para el 2012 solo se registraron 31 casos. Sin embargo, los homicidios por riñas en el mismo periodo aumentaron en 5 casos, y por otras causales se registró un aumento de 49 casos.
Este dato nos permite visualizar que lo que ha estado fallando hasta ahora, es la lucha contra el crimen organizado, dominado en su mayoría por el narcotráfico pero del cuál se derivan otras actividades ilícitas como las redes de prostitución, tráfico humano, de órganos, armas, entre otros.
En el país nunca se ha atacado la criminalidad con firmeza, y esto no implica el uso de fuerza o la creación de leyes prohibicionistas, sino de abordar el problema desde su raíz, una vez explorado en sus causas y desarrollando planes no solo para obtener efectos inmediatos, sino con visión a mediano y largo plazo. Sin embargo, hasta la fecha se han ejecutado medidas a nivel de seguridad siguiendo alguna (o todas) estas características:
El criterio técnico-profesional suele estar ausente.
Responden a una idea populista, es decir, para complacer a las masas.
Buscan imitar modelos de otros países sin estudiar sus efectos en el contexto socio-cultural.
Se aprueban cuando no existen recursos (económicos, humanos) suficientes para poder desarrollarlos.
Para entender mejor esto, prestemos atención a algunos ejemplos: La ley de maltrato animal fue aprobada aunque actualmente el Organismo de Investigación Judicial no cuenta con recursos suficientes para ejecutarla, así mismo, la ley de violencia contra la mujer se aprobó sin contemplar los efectos que traería consigo como las denuncias falsas o la alienación parental, y como ejemplo más reciente, la propuesta presentada en días pasados para reformar parcialmente la Ley de Armas y Explosivos, además de carecer de criterio técnico y profesional fundamentado, responde a un clamor popular que busca hacer creer que el problema son las armas de fuego y que éstas deben ser restringidas para reducir la violencia.
Crimen organizado
Unas cuantas décadas atrás, allá por los años 80 donde, debido a la pobreza y la situación política que se vivía en otros países del área centroamericana, las personas comenzaron a migrar a los Estados Unidos. Una vez ahí, ante las adversidades comunes del inmigrante (discriminación y pobreza mayoritariamente) se comenzaron a generar conflictos por territorio, lo que provocó la conformación de lo que conocemos hoy como las Maras. Ante esto, el gobierno estadounidense inició una fuerte deportación masiva de estas pandillas y una vez de regreso a sus países, se expandieron por las demás áreas de la región.
Costa Rica, gracias a su estabilidad política y socio económica, así como su posición geográfica lejana a la zona del conflicto, no se vio en su momento directamente afectada por este fenómeno, por lo que la acción del Estado frente a esta situación fue mínima, desaprovechando una ventaja privilegiada.
Evidentemente los países vecinos comenzaron una lucha contra el incremento de la violencia, no viene al caso mencionar si las medidas implementadas por estos países fueron las más idóneas, pero lo cierto es que, indiferentemente si eran las correctas o no, las mismas provocaron lo que se conoce como “desplazamiento del delito” que simplemente es provocar que el delito se traslade a otro sitio donde pueda desarrollarse mejor.
Al expandirse las actividades de estas bandas criminales, el efecto del desplazamiento provocó que se confabulara con el narcotráfico proveniente de sur américa, y es aquí donde Costa Rica pasó de ser puente, a ser un lugar estratégico para el desarrollo de sus actividades ilícitas, lo que permitió que se filtraran células criminales y como consecuencia de ello, el aumento de delitos violentos y conflictos entre pandillas.
Ante esto, las autoridades comenzaron a invertir esfuerzos contra el narcotráfico, se crearon leyes como la 8754 contra el crimen organizado, pero sin duda alguna la lucha más fuerte ha sido contra las armas de fuego. La directriz de regulación de armas en seguridad privada entró para luchar fuertemente contra el descontrol por parte de las empresas de seguridad que facilitaron la adquisición de armas robadas o extraviados a estas organizaciones criminales y al incremento de accidentes en diferentes puestos por parte de los oficiales, no obstante desde su inicio contó con la oposición de muchos sectores porque no se tomaron en cuenta criterios técnicos sobre el tema, lo que ha provocado que la directriz sufra diferentes modificaciones, definitivamente la regulación en este sector es importante y es necesario seguir trabajando la herramienta para que sea realmente efectiva. Les dejo un artículo anterior donde expongo puntos de mejora así como la más reciente modificación de la directriz.
Pero el tema no acaba ahí, la propuesta para reformar la Ley de Armas y Explosivos 7530 pretende atacar fuertemente la tenencia y portación de armas por parte de la población civil, en este aspecto se han extendido dos posturas radicales, por un lado, están quienes defienden que las armas generan violencia, y por otro quienes indican que por el contrario, su uso responsable reduce la violencia. No obstante, mi línea es que ninguna de estas dos posturas es la adecuada, debido a que el arma como tal, es un objeto que no tiene ninguna acción propia y que quien define su uso es el portador.
Se sabe que para que ocurra un delito debe existir la oportunidad para el mismo, los delincuentes eligen sus objetivos basados en decisiones y buscan las opciones más fáciles, por eso cuando se crean estrategias para combatir al delincuente, se toman por válidas todas aquellas acciones que hagan más difícil la tarea del criminal o que aumenten el riesgo para el agresor. (Texto modificado del artículo Prevención del Delito: La nueva esperanza de las políticas de urbanismo, Irvin Waller).
Las armas de fuego (exceptuando su uso deportivo) son un medio de defensa y protección para repeler un posible ataque, desde esta perspectiva, se puede decir que portar un arma previene el delito, lo cual es completamente válido ya que desde el punto de vista individual, definitivamente poder defendernos evita convertirnos en víctimas, y es a raíz de esto que surgen los grupos que defienden el porte libre de armas de fuego para tal fin, no obstante, en realidad lo que previenen es que usted o sus seres queridos sufran un delito, pero la acción criminal se trasladará a un blanco más fácil, es decir, técnicamente la violencia no disminuye, ni se previenen las causas que llevan a una persona a delinquir.
La pregunta básica a las hipótesis en esta investigación es simple: ¿Las licencias para portar armas de fuego están relacionadas de alguna manera con las tasas de delincuencia? Los resultados de esta investigación indican que no existe tal relación. Para nuestros estados de estudio, durante el período de tiempo cubierto por nuestros datos, los cambios en las tasas de delincuencia no afectaron las tasas subsiguientes de la licencia LCH. Además, las tasas de estas licencias no tuvieron un efecto significativo, negativo o positivo sobre los índices de criminalidad posteriores. (Traducción del artículo de investigación Concealed Handgun Licensing and Crime in four States, 2015).
Así mismo, es importante recordar que no todas las personas son aptas para manejar armas de fuego, y el costo de las mismas tampoco es accesible para toda la población, por lo que este medio de defensa únicamente beneficiaría a quienes puedan portar, y el delito comenzaría a afectar a los sectores más vulnerables. Las posturas que buscan una liberación para la tenencia como medio preventivo del delito suelen escucharse cuando los índices delictivos van en aumento, lo que valida la herramienta como un medio de defensa, incluso en las capacitaciones sobre defensa personal la primera recomendación de seguridad que se da siempre es la de evitar el enfrentamiento, aunque se porte el arma.
Esta semana, el Federal Bureu of Investigation (oficina federal de investigaciones o FBI) publicó unas estadísticas donde demuestran que los delitos violentos en Austin, Texas bajaron un 6% entre los años 2014 y 2015. Sin embargo, los crímenes violentos en las ciudades alrededor de la capital aumentaron. Tomando a la población en cuenta, el índice de delincuencia en las afueras de Austin subió 7%, según un análisis por parte de Austin American-Statesman sobre datos compilados por el FBI. (Extraído del medio Mundo Hispánico. Artículo original en Austin American-Statesman)
Ahora bien, tampoco es correcto decir que la tenencia de armas aumenta la delincuencia, porque ya se ha estudiado sobre el tema y se sabe que la criminalidad debe abordarse integralmente, además los refiero al documento que en días pasados compartí y que se entregó a la comisión de seguridad y narcotráfico de la Asamblea Legislativa a raíz de los proyectos de ley para restringir el uso de armas en el país basados en este pensamiento: Análisis al proyecto para reformar la Ley De Armas y Explosivos 7530 – Costa Rica 2017.
Una actuación policial más inteligente ayudó a reducir el robo de autos en un 40% en la ciudad de Laredo, en la frontera de Texas con México, el año pasado. El portavoz de la policía Joe Baeza dice que introdujeron un protocolo por el que los conductores podían registrar sus matrículas en una base de datos policial. Eso -indicó- llevó a los patrulleros a parar los vehículos que veían de noche para verificar su propiedad. Baeza añade que también se dirigieron contra las redes de ladrones de autos e hicieron planes para educar a la población sobre la prevención y los dispositivos antirrobo. (BBC Mundo, 2011)
En conclusión, ni el libre porte, ni el prohibicionismo parecen ser la solución al problema, por lo que cuando se habla de armas de fuego, lo mejor siempre es buscar el punto medio. Para que funcionen, se deben establecer controles estrictos antes de otorgarle a un civil el permiso para portar, pero además de esto, también debe existir una exigencia al usuario para verificar que realmente cuenta con las destrezas y el conocimiento para manipularlas y que es precisamente donde ha fallado Costa Rica, la legislación actualmente no requiere mayores cambios, pero si es necesario trabajar en los exámenes de idoneidad mental, en la capacitación que reciben los usuarios en los centros de formación, y el registro ordenado y controlado por parte de nuestras autoridades.
Otras causales
El aumento en otras causales puede deberse a los casos de homicidios múltiples o de tipo serial ocasionados por personas con trastornos, patologías o serios problemas de conducta, podemos relacionar este incremento de hechos debido al mismo narcotráfico por el consumo de psicotrópicos y la exposición a medios electrónicos que universalizan actos de violencia ocurridos en otros países.
Por supuesto, algunos fenómenos sociales como la inmigración irregular, el encarecimiento de la vida, el desempleo y una legislación rezagada se han mezclado con otras condiciones de vulnerabilidad como deficiencias biológicas o psicológicas provocando el desarrollo de estas conductas. Ante esto, el Organismo de Investigación Judicial por medio de su unidad de análisis criminal, han recopilado información importante para el estudio de estas conductas y abordar con más conocimiento los delitos violentos en condiciones especiales.
Es gracias a esto que es posible la detección temprana de casos como los ocurridos en Parrita o facilitan investigaciones complejas como el homicidio múltiple en Liberia y el homicida serial de indigentes. Esto explicaría por qué no se han disparado las cifras en estos hechos pero no es por ningún motivo razón para tranquilizarnos porque tarde o temprano estas conductas van a comenzar a expandirse más y lo único que puede ayudar a evitar su propagación es la preparación constante de los equipos de investigación para el abordaje de estos casos.
Pero sin duda alguna, uno de los hallazgos más importantes durante esta investigación, es la existencia del grupo de profesionales que trabajan como analistas criminales en la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ y que se dedica a la investigación de delitos complejos ocurridos en el país, como es el caso de las agresiones sexuales y homicidios violentos, utilizando la técnica del perfil criminal. (…) los investigadores que trabajan en este grupo interdisciplinario, señalan la importancia de establecer, formalmente, a este grupo para fortalecer el trabajo que se lleva a cabo dentro del OIJ, así como elaborar estudios y protocolos adaptados al contexto costarricense sobre el tema. (Andrea Castellón, Necesidad de formalizar una unidad interdisciplinaria especializada en la investigación de delitos sexuales en Costa Rica a partir de la Técnica del Perfil Criminal, 2014).
La exposición a contenidos violentos a través de internet o la televisión, definitivamente tienen un impacto negativo en la población, sobre todo en niños y adolescentes que no cuentan con una figura que los guíe o aconseje, un ejemplo de esto son la difusión de las narco-novelas transmitidas por medios nacionales que crean una falsa imagen sobre el mundo del narcotráfico, donde los capos son sujetos apuestos que disfrutan la vida en medio de la adrenalina, vicios y bellas mujeres, y que además suelen salir victoriosos de sus peleas contra bandas enemigas.
Las redes sociales por su lado, han facilitado la labor del delincuente, en mi artículo sobre la criminalidad en redes sociales publicado en la revista “Criminología y Sociedad” se exponen brevemente los diferentes riesgos que han traído consigo estos medios, así como algunas posibles soluciones para el manejo de estos sitios, del cual resalto la necesidad de estandarizar cursos de seguridad en los centros educativos con programas orientados a la prevención y desarrollados por criminólogos.
El Ministerio de Seguridad Pública también ha venido trabajando en otras medidas para fortalecer la seguridad pública, como la apertura de la nueva Escuela Nacional de Policías y la capacitación de sus oficiales para enfrentar a las bandas organizadas, por otro lado, se encuentra en estudio el proyecto de ley para la extinción del dominio y debilitar al narcotráfico y analizar las políticas penitenciarias. Como pueden ver, es un tema extenso, por lo que estaré hablando sobre estos últimos puntos en las siguientes partes y como siempre, el espacio queda abierto para que hagan llegar sus observaciones.
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