Saludos lectores
A partir de este viernes 02 de septiembre, entró a regir el acuerdo 2016-132-MSP del Ministerio de Seguridad Pública, que regula a los oficiales de seguridad privada armados, esto tras publicarse en el Diario oficial La Gaceta.
En este decreto se establece que a partir de esta fecha, los únicos oficiales que están autorizados a usar armas de fuego, son los que presten el servicio de: Custodia y transporte de valores, custodia y transporte de mercancías y protección de personas (guardaespaldas).
Entidades públicas, hospitales, bancos y demás empresas que deseen contar con el servicio de seguridad privada armada, deberán presentar en un plazo de tres meses, un estudio técnico para justificar el uso de oficiales con armas de fuego, este estudio, indica el decreto, deberá ser elaborado por un criminólogo o profesional acreditado en materia de seguridad. Lo anterior representa un avance significativo para los profesionales en criminología e implica una responsabilidad que el gremio debe asumir con mucho compromiso, ya que permite la posibilidad de poner el tema de la seguridad ciudadana en manos de profesionales aptos y capacitados en la materia.
Han surgido muchas dudas dentro del gremio de oficiales de seguridad, quienes ven este decreto como un “desarme” que dejará a este personal indefenso ante el hampa, no obstante, el acuerdo se ha sido justificado, según consta en la publicación oficial, debido a que:
…al 31 de mayo del 2016 se registran un total de 30.292 armas de fuego inscritas a nombre de empresas de Seguridad Privada, siendo que 7.070 armas de fuego pertenecientes a 715 empresas que presentan alguna particularidad irregular; esto es, empresas que ya no se ubican en los lugares que fijaron para prestar sus servicios, se disolvieron o bien quedaron funcionando al margen de la ley, desconociéndose el estado, destino y uso que se le está dando a esas armas de fuego, con el consiguiente peligro para la ciudadanía y la seguridad nacional, lo cual reviste un interés público prevaleciente. La situación anterior, motivó a la Dirección General de Armamento a plantear 284 denuncias contra empresas de seguridad privada ante el Ministerio Público por la no ubicación física del respectivo armamento.
Además, datos estadísticos de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, en un período de 5 años (2010-2015), registró el robo o hurto de más de 1000 armas de fuego en el sector de seguridad privada, propiciando así el armamento descontrolado del hampa. De igual forma, en la mayoría de los casos, la prestación del servicio no ha pasado por una evaluación de riesgo que fundamente, técnica y razonablemente, la necesidad de disponer de oficiales armados, exponiendo innecesariamente a la población al riesgo de lesiones o muerte por armas de fuego.
El Colegio de Profesionales en Criminología, a través de su página de facebook, compartió el decreto y comunicó a sus agremiados que estarían informando todos los avances entorno al tema, por lo que de momento, es importante informar a todas las empresas, tanto de seguridad privada, como las que contraten el servicio, que los únicos criminólogos que pueden ejercer legalmente la profesión, son aquellos que se encuentren debidamente agremiados al colegio profesional, y que pueden ver la lista de profesionales activos AQUÍ. Así mismo, estas empresas se deben comprometer, al igual que los criminólogos, a cumplir con las tarifas mínimas establecidas para evitar la competencia desleal.
Por otro lado, todas las partes involucradas deben contemplar la necesidad de preparar a aquellos oficiales que vayan a quedar en puestos sin armas de fuego, en el uso y manejo de armas no letales que les permitan defenderse y mejorar el uso de herramientas tecnológicas en cámaras, alarmas y demás dispositivos de seguridad para el resguardo de las personas e instalaciones.
A pesar de que la noticia es motivo para alegrarse en el gremio, muchos profesionales toman esta alegria con cautela, ya que existen muchas dudas al respecto, de momento, a como está contemplado en el decreto, cualquier profesional en criminología podrá realizar este estudio, no obstante ¿están todos realmente capacitados para ello? ¿será acaso necesario, como ocurre con los psicólogos autorizados que realizan el examen de idoneidad mental para portar armas de fuego, que el colegio de profesionales certifique y capacite a profesionales para que cumplan con ciertos requisitos para realizar estos informes? Es un tema que debe tomarse con mucha seriedad, ya que no se puede tomar a la ligera la seguridad e integridad física de los oficiales y el cuido de las personas y patrimonio, por lo que es natural que haya un importante sector preocupado por la situación.
Finalmente, otra inquietud importante surge alrededor de la parte que indica “por otro profesional que acredite amplia experiencia en el área de seguridad” ya que se desconoce que criterios mediarán para acreditar a un profesional que cumpla este requisito. Mi criterio al respecto, es que los únicos profesionales que caben en esta categoría, son aquellos graduados en ciencias policiales, investigación criminal o personas que hayan recibido algún tipo de preparación en instituciones debidamente acreditadas o certificadas, que como mínimo posean 10 años de experiencia en cargos relacionados con la seguridad o fuerzas policiales y que además se sometan a una evaluación por parte del colegio profesional de criminólogos que respalde el conocimiento de la persona para emitir criterios de este tipo.
Pero mientras se aclaran todas estas interrogantes, ¿qué opinan ustedes? ¿cuáles requisitos deben cumplir estos profesionales que se atribuyan amplia experiencia en la materia? ¿cuáles son los pasos que consideran se deben seguir para definir estos criterios? El aporte de ustedes es muy valioso, por lo que invito a todos los colegas para que se acerquen al colegio y hagan llegar sus propuestas e ideas con el fin de que sean tomadas en cuenta en mejora de nuestra profesión.
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